El Gobierno trata ahora de convencer a Bruselas tras el expediente por frenar la OPA de BBVA a Sabadell

La noticia saltaba este jueves. Bruselas expedientará a España por las normas que dan poder al Gobierno para frenar la OPA de BBVA a Sabadell. Ahora el ejecutivo de Pedro Sánchezespera “convencer” a la UE de la coherencia de una decisión que sorprendió a muchos expertos. Así lo ha afirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha tenido que defender en su última comparecencia pública de que las condiciones son “absolutamente coherentes”.

La también ministra de Hacienda respondía así al expediente de infracción contra España anunciado por la Comisión Europea por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general.

Montero ha defendido que el Gobierno “ha ejercido sus funciones” con legislación que España “tiene vigente” y que considera “absolutamente coherente con todo el marco normativo europeo”, como son la Ley de Solvencia Financiera y la Ley de Defensa de la Competencia. Ha explicado que el Gobierno ya está trabajando paracontestar “en plazo” a los requerimientos técnicos y jurídicos planteados desde Bruselas. “Contestaremos y esperemos convencer a las autoridades europeas”, ha aseverado.

La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno “no prohíbe” esta OPA, sino que lo que ha hecho es establecer una serie de condiciones, “añadidas a las que se habían puesto” por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, “para posibilitar que se defienda el interés general”.

El ejecutivo comunitario daba ayer dos meses a España para responder a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a unverdadero motivo de interés general.

Al respecto, fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles, entre ellos Europa Press, que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.

El envío de esta carta de emplazamiento es el primer paso de un expediente sancionador que permitirá el diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias y que, en última instancia, permitirá a la Comisión elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).